Más de 50 modalidades de fraude

Un estudio del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social indica que al menos existen 50 modalidades de fraude a la Seguridad Social practicado por empresarios, pensionistas y parados en general. Así, por ejemplo, por cada dos jubilados que existen en España hay una persona que percibe pensión de invalidez. La bolsa del fraude provoca un gran gasto tanto en instituciones públicas como privadas que, en buena medida, podrían subsanarse a través de la prevención: un control más riguroso (investigación y seguimiento) que repercuta en una más pronta captación del fraude.
El Ministerio ha dividido los modos de fraude en cuatro grandes apartados:

1.- Incapacidad temporal

Las autoridades sanitarias son las que, en este caso, deberían realizar el control de las enfermedades de aquellos que las padecen y que han obtenido la incapacidad temporal. Las estadísticas revelan datos de gran interés, por ejemplo: la tasa de invalidez de una empleada de hogar es del 27,52%; la de un minero del 20,29% y la de un trabajador que pertenezca al régimen general del 4,40%. Realmente es extraño pensar que las labores domésticas provoquen más invalidez que la minería.
Las argucias para conseguir los beneficios de la Administración son múltiples. Así, poco antes de que finalice un contrato laboral muchos trabajadores “deciden” caer enfermos para obtener el derecho a la prestación por baja médica. Otros se inclinan por fingir una dolencia y continuar trabajando en la misma o en otra empresa. Otro fraude es el que acuerdan el trabajador y la empresa para simular que la causa de la incapacidad es un accidente y no una enfermedad común, de tal forma que la empresa no tiene que asumir el coste económico de la prestación de los primeros días.
La incapacidad laboral (temporal o permanente) es una de las piezas fundamentales contra las que luchar cuando estas bajas se producen de forma totalmente fingida. Averiguar la autenticidad de las incapacidades es una tarea ardua pero una responsabilidad, al fin y al cabo, que desembocará siempre en el beneficio del empresario o del “defraudado”.

2.- Prestaciones por desempleo

¿Quién no conoce o ha conocido a alguien que, trabajando, cobraba además las prestaciones por desempleo? Hay quien va más allá y es capaz de crear una cooperativa o una empresa falsa para obtener la capitalización del paro para, inmediatamente después de cobrarlo, cesar la actividad de dicha empresa.
Algunos consiguen alargar el tiempo de recibo de una prestación simulando que “caen enfermos” poco antes de que finalice el periodo de percepción del subsidido de desempleo. De este modo pueden cobrar por incapacidad. En este sentido se ha detectado que, mientras una incapacidad laboral transitoria tiene una duración media de 50 días, cuando ésta coincide con el fin de la prestación por desempleo se dilata hasta los 200.

3.- Pensiones no contributivas

En estos casos es frecuente falsear datos y ocultar rentas. A veces se aumenta fraudulentamente el número de familiares que integran la unidad familiar con el fin de que aumente la cuantía de la pensión. Los cruces de información en este apartado serán fundamentales para frenar el fraude, entre el Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas, entidades locales, ayuntamientos y otros organismos ejercerán el control sobre la materia.

4.-Los ingresos

La economía sumergida que no paga impuestos ni cotiza a la Seguridad Social, así como el cambio de nombre de las empresas para evitar las deudas contraídas con la misma son las que intervienen en este capítulo.
Otras prácticas son no dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena; hacerlo en regímenes que no correspnden al tipo de trabajo que se desarrolla; pagar una parte de la nómina en dinero negro; realizar pagos que tomas apariencia de gastos (dietas, pluses …) cuando se trata de salarios.
Las medidas de investigación se centran en consumos (de electricidad preferentemente) sospechosamente elevados para un supuesto domicilio particular así como el aumento de inspecciones.

ACCIDENTES LABORALES

Más de 13.000 millones en 2003

España registró 1,7 millones de accidentes de trabajo en 2003 con un resultado de 1.033 muestres. Además del factor humano, los siniestros tienen un fuerte impacto económico. Los costes de esta siniestralidad ascendieron a 13.085 millones de euros según Comisiones Obreras. Más de la mitad de esta cantidad se debe a las cotizaciones de las empresas a los trabajadores en el tiempo que dura su baja y de las horas perdidas como consecuencia del siniestro. Sin embargo hay otro tipo de costes cuyos cálculos no son tan inmediatos. Así, por ejemplo, el 16% de los procesos que realiza el sistema público de salud tienen un origen labora. Si se aplica este porcentaje al gasto sanitario se obtiene que los accidentes generan un gasto de 2.277 millones no reconocidos como tales.
Además existe un colectivo de trabajadores cuyos accidentes no figuran en las estadísticas. Se trata de los autónomos, que hasta enero de 2004 no cotizaban por accidentes. El estudio estima que eso añade otros 1.441 millones. Mucho menos claros son los siniestros en la economía sumergida /1.178 millones). Los accidentes de los funcionarios generan un gasto de 329 millones y una mínima parte (1% del total) corresponden a las sanciones que pagan las empresas por inspecciones de trabajo.

En Cataluña caen un 7,3% en 2004

Cataluña cerró el año pasado con un balance total de 157.621 accidentes laborales, lo que supuso un descenso del 7,31% respecto a 2003 siendo la construcción el sector más perjudicado en cuanto a mortandad.
Por sectores, el número total de accidentes laborales en la actividad de servicios fue de 71.252 con un descenso del 8,18%. En la construcción fue de 31.707 (-9,74%); en la industria de 52.107 (-4,63%) y en la agricultura de 2.555 con un retroceso del 4,70%.